Una pareja de 50 y 52 años fue privada de la libertad en establecimiento carcelario como presuntos responsables del abuso sexual sistemático y maltrato físico contra una niña de 11 años, un patrón de violencia que se habría extendido por al menos tres años en el municipio de Abejorral, Oriente de Antioquia.
Las detenciones, resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y la Alcaldía de Abejorral, se efectuaron en cumplimiento de una orden judicial vigente. Las investigaciones preliminares indican que, entre 2019 y 2022, la menor fue presuntamente sometida a reiterados abusos sexuales, violencia física y coacción. La mujer es la madre de la víctima, y el hombre sería su padrastro. Se ha conocido que la niña habría sido obligada a realizar actividades sexuales a cambio de dinero y que, al no acceder, habría sido maltratada. Ambos podrían enfrentar cargos por el delito de acto sexual violento.
Durante las audiencias preliminares, un juez impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando las pruebas presentadas por la Fiscalía mientras el proceso judicial avanza.
Contexto Departamental y Medidas Propuestas
Este caso se suma a las preocupantes cifras de violencia sexual contra menores en Antioquia. Datos preliminares de Medicina Legal revelan que, entre enero y diciembre de 2024, se registraron 1.808 presuntos delitos sexuales contra menores de edad en el departamento, de los cuales 1.501 afectaron a niñas y adolescentes. Específicamente en Abejorral, se reportaron 22 casos en el mismo periodo, siendo 20 de ellos contra niñas y adolescentes mujeres.
Ante esta alarmante realidad, la Asamblea de Antioquia ha puesto en marcha un proyecto de ordenanza. Esta iniciativa busca establecer una política pública integral para la prevención, investigación y apoyo a la judicialización del abuso sexual contra menores de edad. El proyecto, impulsado por el diputado Mauricio Caly Padilla y en coautoría con la diputada Verónica Arango García, pretende articular esfuerzos institucionales, sociales y comunitarios para enfrentar de manera efectiva el abuso sexual infantil.
La propuesta contempla la formulación, implementación y evaluación de una política pública basada en evidencia, con participación ciudadana y articulación interinstitucional. Un aspecto innovador del proyecto es la inclusión de la ciudadanía, organizaciones sociales, fundaciones, los propios menores de edad y los medios de comunicación en el proceso de formulación. Además, se planea la creación del «Sello Espacio Libre de ASI (Abuso Sexual Infantil)», un distintivo para instituciones y establecimientos que demuestren un compromiso efectivo en la prevención y no hayan registrado casos de esta naturaleza.