La estabilidad política del alcalde de Apartadó, Adolfo David Romero Benítez, quedó en entredicho tras dos decisiones que, en menos de 48 horas, golpearon su aspiración de mantenerse firme en el cargo. Tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el Tribunal Administrativo de Antioquia dejaron sin efecto la estrategia jurídica con la que buscaba blindar su elección en los comicios atípicos del pasado 6 de abril.
El 26 de agosto, la magistrada del CNE Fabiola Márquez respondió a la solicitud de medida cautelar presentada por Romero y fue categórica: el acto que le otorgó la credencial como alcalde “jamás cobró firmeza” debido a que aún se encuentran en trámite recursos de apelación, queja y una recusación contra las decisiones adoptadas en los escrutinios de Antioquia. En otras palabras, el proceso electoral no ha concluido y la elección de Romero sigue en revisión.
Dos días más tarde, el 28 de agosto, el Tribunal Administrativo de Antioquia le cerró otra puerta al mandatario interino al negar la medida cautelar con la que pretendía que el CNE se abstuviera de tramitar dichos recursos. Según la decisión, la petición de Romero no cumplía los requisitos legales de necesidad, proporcionalidad ni demostraba un perjuicio irremediable.
El escenario deja al alcalde en un limbo jurídico y político: ejerce como mandatario, pero sin garantías plenas de legitimidad. Mientras avanzan las demandas de nulidad electoral y el CNE se prepara para resolver los recursos, Romero enfrenta un panorama incierto que lo tiene como aseguran sus cercanos “sin poder dormir tranquilo”.