El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para 2026 será definido por decreto presidencial, en caso de que no haya consenso entre empresarios, sindicatos y el Gobierno antes de fin de año.
El mandatario señaló que la decisión busca garantizar justicia económica y dignidad laboral para los trabajadores colombianos, en un contexto en el que el costo de vida sigue afectando con fuerza a los hogares más vulnerables.
Aunque en redes sociales se ha difundido la cifra de $1.733.000, el Gobierno aún no ha confirmado oficialmente ese valor. Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el incremento sería superior a la inflación proyectada, con el propósito de recuperar parte del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
Petro enfatizó que el salario mínimo no puede seguir siendo “una cifra que apenas alcanza para sobrevivir”, y que el país debe avanzar hacia un modelo donde el crecimiento económico también se refleje en el bolsillo de los trabajadores.
El anuncio ha despertado reacciones diversas. Mientras sectores sindicales celebran el paso como una medida de equidad y soberanía económica, algunos gremios empresariales advierten sobre los riesgos inflacionarios. Aun así, el debate revive una vieja discusión sobre el papel del Estado en la protección del trabajo digno.
De confirmarse el decreto, 2026 sería el primer año del actual Gobierno en fijar directamente el salario mínimo, marcando un precedente en la política laboral del país.