La Jurisdicción Agraria y Rural, una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para impulsar la reforma agraria y resolver los conflictos relacionados con la tierra, se hundió en el Congreso de la República al no completar su trámite legislativo. La iniciativa deberá ser presentada nuevamente en la próxima legislatura.
El proyecto buscaba crear una jurisdicción especializada para atender de manera más ágil y técnica los conflictos sobre tenencia, acceso, uso y distribución de tierras, beneficiando a campesinos, comunidades rurales y productores agropecuarios.
Tras conocerse la decisión, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lamentó el hundimiento de la iniciativa y cuestionó que el Congreso no diera un debate de fondo sobre una propuesta que, según el Gobierno, era clave para garantizar el acceso a la justicia en las zonas rurales.
Para el Gobierno Nacional, la Jurisdicción Agraria representa una herramienta fundamental para fortalecer la institucionalidad rural, brindar mayor seguridad jurídica y agilizar procesos que actualmente tardan años en la justicia ordinaria. Además, hacía parte de los compromisos de transformación del campo impulsados por la administración del presidente Gustavo Petro.
Pese al revés legislativo, el Ejecutivo anunció que insistirá en la propuesta y volverá a radicar el proyecto en la próxima legislatura, reabriendo el debate sobre la justicia rural, el acceso a la tierra y las reformas necesarias para atender uno de los principales desafíos del campo colombiano.