Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre 18 inmuebles que conformaban el antiguo Parqueadero Padilla, un lugar que, según las investigaciones de la Fiscalía, fue utilizado como centro financiero y logístico de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), organización paramilitar que tuvo su origen y mayor expansión en la región de Urabá. Los bienes están avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos.
La importancia de esta decisión para Urabá radica en que desde este lugar, ubicado en Medellín, presuntamente se administraban los recursos que financiaban las operaciones de las ACCU, grupo fundado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, cuya estructura se consolidó en municipios de Urabá y luego se expandió a otras regiones del país. Durante un allanamiento realizado en 1998, las autoridades encontraron documentos, equipos informáticos y registros contables que permitieron reconstruir parte de la red económica que sostenía a esa organización armada.
De acuerdo con la Fiscalía, el centro financiero habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias «Lucas», señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Castaño. La información encontrada en el parqueadero fue considerada una de las pruebas más importantes para entender cómo se financiaba el paramilitarismo en Colombia.
Con las medidas cautelares, los inmuebles quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, como parte de los procesos de Justicia y Paz, mientras las autoridades continúan avanzando en el esclarecimiento de uno de los expedientes más representativos sobre la financiación de las estructuras paramilitares que tuvieron su epicentro en Urabá.