El liquidador John Milton Rodríguez señaló un desgreño administrativo, por presuntas irregularidades administrativas, entre ellas la ausencia de estados financieros de cierre, compromisos presupuestales sin suficiente soporte y la permanencia de cuatro viceministerios pese a que la entidad está en proceso de desaparición.
Ante este panorama, se ordenó la supresión de la estructura viceministerial, la terminación de encargos considerados no esenciales y la presentación de denuncias ante los organismos de control por posibles detrimentos patrimoniales.
Además, las obligaciones pendientes y las nóminas serán revisadas caso por caso, con el propósito de pagar únicamente aquellos compromisos que tengan respaldo legal.
Uno de los puntos que más llama la atención es el control sobre FonIgualdad, con el objetivo de recuperar cerca de $200.000 millones que, de acuerdo con el Gobierno, podrían ser destinados a prioridades nacionales, entre ellas la emergencia económica y la atención a damnificados por el terremoto.
El Gobierno asegura que la meta es defender hasta el último peso de los colombianos.