La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta por el deterioro de la seguridad en El Bagre, Antioquia, donde dos estructuras armadas se disputan el control de territorios estratégicos para la explotación ilegal de oro.
La confrontación entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del Clan del Golfo, y el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio, del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, estaría generando una creciente crisis humanitaria en zonas como Guamocó, Mina Nueva y la Serranía de San Lucas.
Uno de los mayores motivos de preocupación es el uso de drones adaptados para lanzar explosivos, una práctica que, según la Defensoría, se ha intensificado desde junio. En uno de los ataques fueron lanzados 12 artefactos explosivos, provocando el desplazamiento de 61 familias.
Además, cientos de personas permanecen confinadas por la presencia de grupos armados y municiones sin explotar. También se han reportado asesinatos selectivos, restricciones a la movilidad y prohibiciones de transitar por zonas rurales después de las 6:00 de la tarde.
La Defensoría advierte incluso sobre una “gobernanza armada ilegal”, debido al control que estas estructuras ejercen sobre la economía local, incluyendo el cobro de extorsiones equivalentes al 10 % de la producción de oro.
La situación preocupa especialmente por el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, además de la amenaza de minas antipersonal y las afectaciones a la salud mental de las comunidades.
La entidad pidió una respuesta coordinada del Estado para proteger a la población civil y evitar que la violencia continúe expandiéndose.