El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, en una decisión que promete abrir un intenso debate sobre seguridad, defensa y derechos ciudadanos.
Según el Gobierno, la medida no significa porte indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán cumplir los requisitos establecidos y contar con las autorizaciones correspondientes de las autoridades competentes.
El argumento del Ejecutivo es contundente: mientras durante años se restringió el porte legal, las organizaciones criminales continuaron fortaleciendo su arsenal ilegal.
Entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública reportó la incautación de 15.700 armas de fuego.
De ese total:
🔹 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
🔹 980 estarían vinculadas a disidencias.
🔹 551 al Clan del Golfo.
🔹 339 al ELN.
🔹 Entre las armas asociadas a las disidencias se contabilizan 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
El Gobierno sostiene que el objetivo es diferenciar entre el ciudadano que cumple la ley y el criminal que porta armas ilegalmente.
La discusión queda abierta: ¿esta decisión ayudará a mejorar la seguridad de los colombianos o podría aumentar los riesgos de violencia?