Una nueva propuesta busca modificar la forma en que se cobra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia, especialmente para los motociclistas. La iniciativa plantea establecer tarifas diferenciadas de acuerdo con el estrato económico del propietario del vehículo.
La propuesta fue presentada por Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, quien señaló que uno de los principales problemas actuales es la alta cantidad de motocicletas que circulan sin el seguro obligatorio vigente. Según cifras de Fasecolda citadas en la propuesta, entre el 60 % y el 63 % del parque de motocicletas registrado en el país no tendría SOAT vigente.
La idea busca que los usuarios de menores ingresos puedan acceder al seguro a un costo más acorde con su capacidad económica. El planteamiento aparece en medio del debate nacional sobre el precio del SOAT, la evasión y las dificultades que enfrentan algunos motociclistas para mantener vigente la póliza.
La propuesta se suma a otras iniciativas que actualmente se discuten alrededor del SOAT. En septiembre también fue anunciada en el Congreso una iniciativa para subsidiar el pago de la póliza a personas de estratos 1, 2 y 3, aunque sus condiciones todavía no están definidas y tendría que surtir el respectivo trámite legislativo.
Por ahora, el SOAT continúa funcionando bajo el esquema vigente. La Superintendencia Financiera estableció para 2026 las tarifas máximas correspondientes a las diferentes categorías de vehículos, manteniendo además las categorías con tarifas diferenciales por riesgo previstas en la normativa.
La discusión también incluye otras propuestas para modificar el sistema, entre ellas modelos de tarifas relacionados con el riesgo y el comportamiento vial. Un proyecto radicado en la Cámara de Representantes en agosto de 2026 propone precisamente un sistema de tarifación técnica dinámica para el SOAT.
Por ahora, ninguna de estas propuestas significa que los conductores deban pagar un SOAT calculado según su estrato. Se trata de iniciativas en discusión que tendrían que avanzar por los procedimientos correspondientes antes de convertirse en cambios aplicables.