La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos la medida provisional que imponía limitaciones a las operaciones aéreas militares contra estructuras de grupos armados ilegales. La decisión, adoptada mediante providencia del pasado 23 de octubre de 2026, revoca el fallo de tutela emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá.
Con este pronunciamiento judicial, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela al argumentar el incumplimiento de requisitos procesales. Según la providencia, no se lograron identificar personas determinadas ni operaciones concretas que demostraran una amenaza inminente, señalando además que pretensiones de carácter colectivo y estructural deben tramitarse a través de otros mecanismos judiciales. Asimismo, la decisión precisó que el plazo legal para la adopción del Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento de Menores se extiende hasta julio de 2027, en cumplimiento de la Ley 2590 de 2026.
La resolución permite a las Fuerzas Militares retomar la planeación y ejecución de sus despliegues aéreos dentro del marco constitucional y legal vigente, garantizando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Desde el Gobierno Nacional se enfatizó que el componente aéreo resulta estratégico para la defensa de la soberanía, el combate a las organizaciones criminales y la ejecución de misiones de seguridad, abastecimiento y evacuación médica en las zonas más alejadas del país.
Tras conocerse el fallo, la Presidencia de la República reiteró su condena al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados al margen de la ley, calificando estas prácticas como graves violaciones a sus derechos. El Ejecutivo ratificó que la prevención de este delito y la protección integral de las víctimas continúan siendo prioridades institucionales.
Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de adelantar las acciones de defensa y seguridad con estricto apego a la Constitución, los derechos humanos y el ordenamiento jurídico nacional.