El presidente de Argentina, Javier Milei, ha emitido una orden que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional. Esta medida afecta a todos los organismos estatales y busca eliminar términos como «sargenta» o «soldadx» en la documentación oficial.
En su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció la decisión: «Se van a proceder, a iniciar, las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. No se va a poder usar la letra ‘e’, la arroba, la ‘x’ y evitar la innecesaria utilización del femenino en todos los documentos oficiales».
La medida se produce poco después de la resolución emitida por el Ministerio de Defensa argentino el pasado 23 de febrero, donde se argumenta que el uso del «llamado ‘lenguaje inclusivo’» no se ajusta a las normativas establecidas por la Real Academia Española (RAE) y la Academia Argentina de Letras. Según el Ministerio de Defensa, es necesario eliminar las formas incorrectas del lenguaje dentro de la institución y las Fuerzas Armadas.
La decisión ha generado diversas reacciones. El legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Obrero, Gabriel Solano, expresó su rechazo en Twitter: «Hola, [Manuel] Adorni, dejen que la gente hable como quiera. Que el Estado prohíba el uso del lenguaje inclusivo es de fachos». Por su parte, la legisladora Andrea D’Atri ironizó al citar una publicación con el anuncio de la Casa Rosada: «Con esto, se acaban los pobrEs». Además, la Revuelta Colectiva Feminista fundada en Neuquén se refirió a la decisión de Milei en sus redes sociales: «La provocación, los odios y la misoginia del gobierno no tienen límites. Nuestras luchas tampoco. El 8M [8 de marzo, Día Internacional de la Mujer] en las calles fíjate, Milei, qué hacés con tu prohibición. La deuda es con nosotras y con el pueblo».
En resumen, esta medida del Gobierno de Argentina ha generado controversia y debate sobre el uso del lenguaje inclusivo y su relación con la perspectiva de género en el ámbito estatal.
