En su fallo el Tribunal de Paz de la JEP, luego de revisar la tutela interpuesta por una lideresa amenazada en Urabá, coincidió con los argumentos señalados por el Ministerio Público en su concepto sobre el caso.
“Las omisiones que se observan principalmente por parte de la UNP en mantener situaciones que exponen o arriesgan de manera adicional a la demandante, ameritan no solo el amparo inmediato de sus derechos fundamentales, sino la compulsa de copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de conductas disciplinarias y penales”, aseguró ese alto tribunal en su decisión.
El fallo se da luego de que la UNP respondiera de manera parcial y confusa, varios requerimientos hechos por la lideresa afectada, sobre la urgencia de hacer efectiva la entrega de un vehículo funcional, personal e implementos de seguridad, que le fueron asignados desde 2022.
En su pronunciamiento, la JEP también pidió que se investigue la relación contractual de la UNP y las empresas arrendadoras de vehículos blindados (en particular la asignada a este caso) al considerar, tal como lo señaló la Procuraduría, que no dio estricto cumplimiento a la implementación de las medidas de seguridad ordenadas en las resoluciones.
El alto tribunal también le dio la razón a la Procuraduría que argumentó en su concepto que, “incluso, es tan gravosa la situación de la demandante, que el peligro a su vida no solo se deriva ya de la falta en la aplicación completa de las medidas de protección, sino, en un aumento del riesgo al transitar con un vehículo que no cuenta con las mínimas condiciones técnicas para realizar los desplazamientos necesarios
