La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha aceptado de manera condicionada el sometimiento de Katia Patricia Sánchez Mejía, una empresaria de Montería previamente condenada por la justicia ordinaria. Esta decisión representa una última oportunidad para que Sánchez Mejía contribuya a esclarecer la verdad sobre su participación en el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de campesinos en el Bajo Atrato, en la región de Urabá.
Sánchez Mejía, junto a su esposo Hernán Iñigo de Jesús Gómez Hernández, fue hallada culpable de delitos graves, incluyendo concierto para delinquir y desplazamiento forzado, en relación con sus vínculos con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y el bloque paramilitar Elmer Cárdenas. Ambos desempeñaron un papel central en la empresa Urapalma, que impulsó un proyecto palmicultor asociado con el despojo masivo de tierras y el desplazamiento forzado de pobladores entre 1997 y 2000 en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó.
Aunque la JEP reconoció que los aportes de Sánchez Mejía cumplen «de manera leve con los estándares» exigidos por la Sección de Apelación, su sometimiento fue aceptado en atención a los argumentos presentados por el Ministerio Público y las víctimas del conflicto. Estas partes consideran que Sánchez Mejía tiene acceso a información clave que podría esclarecer las dinámicas del conflicto armado en Urabá y el Bajo Atrato, particularmente en lo relacionado con la colaboración entre empresarios de la palma, grupos paramilitares, miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales en la ejecución de actos de macrovictimización, como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.
Este proceso se enmarca en el Caso 04 de la JEP, que investiga las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Urabá, especialmente las relacionadas con el despojo de tierras y la expansión de proyectos agroindustriales bajo el amparo de grupos armados ilegales. La aceptación del sometimiento de Sánchez Mejía por parte de la JEP se considera un paso importante para avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes y en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto en esta región del país.
