La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha rechazado las solicitudes de sometimiento de tres exfuncionarios de San Pedro de Urabá, Antioquia, condenados por concierto para delinquir agravado en relación con su colaboración con grupos paramilitares. La decisión afecta a Eugenio Hoyos De La Ossa, exalcalde del municipio entre 2001 y 2003; Jorge William Pérez Alvis, exconcejal en 2001; y el exsecretario de Educación, quienes no lograron presentar una verdad completa y novedosa.

La JEP concluyó que los aportes de verdad de los exfuncionarios no cumplieron con los requisitos del régimen de justicia transicional. En su fallo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas argumentó que la información proporcionada no fue relevante para las víctimas ni para la sociedad, y que no superó lo ya conocido por la justicia ordinaria.

Durante sus mandatos, los exfuncionarios presuntamente fortalecieron el apoyo al Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), un grupo paramilitar que operaba en la región. La condena anterior los declaró culpables de contribuir a la estrategia de este grupo armado, poniendo en riesgo la legitimidad institucional y la seguridad de la población civil.

A lo largo del proceso, la JEP evaluó la disposición de los exfuncionarios para cumplir con el régimen de condicionalidad, que exige un compromiso claro y detallado para esclarecer los hechos y ofrecer verdad y reparación a las víctimas. Sin embargo, la Sala encontró que mostraron reticencia para referirse extensivamente a sus relaciones con los paramilitares y tardaron tres años en presentar los documentos requeridos, los cuales resultaron incompletos.

La JEP considera que la información sobre sus vínculos con los paramilitares podría haber sido crucial para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y otros actores estatales en colaboración con grupos ilegales. Sin embargo, los aportes de los exfuncionarios no satisfacieron las expectativas de la JEP, que exige testimonios que aporten conocimiento nuevo al país.

Ante la negativa de la JEP a aceptar su sometimiento, el caso ha sido remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde los condenados enfrentarán las penas impuestas, sin acceso a los beneficios del sistema de justicia transicional.