En un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro ha aceptado que Colombia tendrá que importar gas natural para evitar una crisis energética, luego de que fracasaran los intentos por reactivar el gasoducto con Venezuela. La falta de reservas y el encarecimiento del servicio están poniendo en jaque a los colombianos, mientras el gobierno busca desesperadamente una salida
El panorama es crítico: el precio del gas en Colombia se ha disparado un 36% en los últimos meses, impactando el bolsillo de los ciudadanos y encareciendo los costos de producción industrial. El país no ha encontrado nuevos yacimientos de gas en más de 20 años, y las reservas actuales no alcanzan para garantizar el suministro en los próximos años.
Mientras tanto, las empresas distribuidoras Vanti, Alcanos y EPM han incrementado las tarifas, generando indignación en la ciudadanía. Los colombianos pagan más por un recurso que, paradójicamente, el país no tiene en cantidad suficiente.
Para evitar un colapso energético, el gobierno Petro apostó por importar gas desde Venezuela. Ecopetrol y PDVSA han firmado un acuerdo para que, a partir del 1 de enero de 2025, Colombia reciba gas venezolano.
Sin embargo, este plan enfrenta obstáculos: el gasoducto que conecta ambos países está deteriorado y necesita una inversión de 40 millones de dólares para su rehabilitación. Además, el acuerdo depende de la autorización del gobierno de Estados Unidos, que mantiene sanciones económicas contra Venezuela.
El país se enfrenta a un dilema: importar gas de Venezuela implica una fuerte dependencia de un régimen cuestionado internacionalmente, mientras que la falta de exploración de nuevas reservas ha dejado a Colombia sin un plan energético sólido a largo plazo.
Expertos advierten que esta situación es una bomba de tiempo, y si no se toman medidas urgentes, el suministro de gas podría volverse inestable, afectando la generación eléctrica, la industria y la vida cotidiana de millones de personas.
