En un hecho sin precedentes en la historia política del país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio penal por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El proceso, que ha generado una alta atención mediática y ciudadana, se intensificó este martes 8 de abril con el contrainterrogatorio al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, uno de los testigos clave del caso.
Vélez, conocido con el alias de “Víctor” y exintegrante del Bloque Metro de las Autodefensas, sostiene que el abogado Diego Cadena, entonces defensor de Uribe, le ofreció 200 millones de pesos a cambio de alterar su testimonio y declarar en contra del senador Iván Cepeda. Según el testigo, el documento fue redactado por el propio Cadena durante una visita a la cárcel de Palmira en 2018.
Durante la sesión de hoy, la defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, centró sus esfuerzos en desacreditar el testimonio de Vélez, cuestionando la coherencia de sus declaraciones previas. Sin embargo, la jornada se vio interrumpida por fallas técnicas en la conexión del abogado defensor, lo que llevó a la jueza a decretar un receso temporal.
Este testimonio se suma a otros elementos probatorios ya admitidos por el tribunal, como las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena realizadas en 2018. A pesar de haberse obtenido inicialmente por error, la justicia determinó que las grabaciones eran legales y pertinentes para el caso.
En febrero pasado, el proceso fue suspendido temporalmente por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la defensa de Uribe alegara violaciones al debido proceso y falta de imparcialidad por parte de la jueza. Tras una revisión, el juicio se reanudó con estricta vigilancia por parte de observadores jurídicos y la opinión pública.
A esto se suma el contexto político que rodea al caso: Uribe ha denunciado repetidamente ser víctima de “lawfare” o persecución judicial con fines políticos, una narrativa similar a la adoptada por figuras como Donald Trump y Jair Bolsonaro. El expresidente sostiene que el proceso en su contra está manipulado por intereses ideológicos.
Este juicio marca un punto de inflexión en Colombia: es la primera vez que un expresidente es juzgado penalmente por manipulación de testigos. Además, ocurre en medio de un ambiente de polarización política, donde las decisiones judiciales no solo impactan el ámbito legal, sino que también reconfiguran fuerzas dentro del escenario nacional.
Mientras tanto, sectores ciudadanos y organizaciones observan con atención cada avance del proceso, pidiendo que se garantice la transparencia, la independencia judicial y el respeto por los derechos de las víctimas y del acusado.