La muerte violenta de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años conocida como “La Millerey”, ha sacudido profundamente a la comunidad de Bello, Antioquia, y al país entero. El pasado viernes, Sara fue víctima de una brutal agresión: sus atacantes le fracturaron brazos y piernas antes de arrojarla a la quebrada La García. Aunque fue rescatada con vida y trasladada al Hospital La María de Medellín, falleció horas después por la gravedad de las heridas.
El hecho ha desatado una ola de indignación y repudio en todo el país. Para muchos, este crimen no solo representa un acto de extrema violencia, sino también una dolorosa muestra de la transfobia estructural que persiste en Colombia. Según Caribe Afirmativo, solo en lo que va del 2025 se han registrado 25 asesinatos de personas LGBTIQ+, de los cuales 15 eran personas trans, todos en contextos de odio y discriminación por su identidad u orientación sexual.
La respuesta institucional no se hizo esperar: la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio. Las autoridades locales han condenado enérgicamente el crimen y se comprometieron a esclarecer los hechos con celeridad.
Mientras tanto, organizaciones sociales, colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos han convocado a múltiples velatones en Medellín, Bogotá y otras ciudades del país. Con velas, pancartas y consignas de justicia, cientos de personas han salido a las calles para exigir un alto a la violencia sistemática que cobra vidas como la de Sara.
Este crimen atroz reabre el debate nacional sobre la urgencia de implementar políticas públicas efectivas, no solo para proteger a las personas trans, sino también para desmontar los discursos de odio que alimentan estos actos de barbarie. La historia de Sara, marcada por la violencia, no puede quedar en el olvido. Su nombre se suma a una lista que duele y que clama por justicia.