Una nueva polémica ha surgido en el país tras conocerse un contrato abierto por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional para la adquisición de glifosato, químico usado históricamente en la erradicación de cultivos ilícitos. Esto ha generado inquietud, especialmente por la postura del presidente Gustavo Petro, uno de los más férreos opositores al uso de este herbicida.
El mandatario ha reiterado que el glifosato «no sirve y criminaliza a los campesinos productores de coca», razón por la cual su gobierno ha insistido en estrategias alternativas para combatir el narcotráfico.
Ante la controversia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aclaró que el uso del glifosato mediante aspersión aérea sigue suspendido desde hace más de diez años. No obstante, precisó que este químico sí está autorizado para aplicaciones manuales en el contexto agrícola, ya que se emplea de forma regular en diversos cultivos del país.
Respecto a su posible uso en la erradicación de cultivos ilícitos, Sánchez fue enfático: “La erradicación de cultivos ilícitos se haría solo si se concierta con la comunidad. Es decir, si el campesino decide erradicar de manera voluntaria”. Añadió que el uso de glifosato podría acelerar el proceso de erradicación hasta siete veces, pasando de un periodo estimado de siete meses a tan solo uno.
El ministro también subrayó que el contrato recientemente conocido incluye una cláusula que permite suspender el uso del agroquímico si así se determina, decisión que no está en manos directas de la Dirección de Antinarcóticos.