El 12 de diciembre de 1994, un comando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) ingresó al casco urbano de Necoclí, Antioquia, y asesinó a cuatro personas en distintos puntos del municipio, en uno de los hechos que marcaron el inicio de la expansión paramilitar en la región.
De acuerdo con investigaciones del Cinep, tras los asesinatos los paramilitares obligaron a los familiares de las víctimas a desplazarse forzosamente, abandonando sus tierras o vendiéndolas a precios irrisorios a testaferros de los hermanos Castaño. Testimonios recopilados por la organización señalaron que los atacantes fueron vistos en repetidas ocasiones en estaciones de Policía de municipios cercanos, lo que alimentó cuestionamientos sobre la connivencia que rodeó el avance de estos grupos.
Para 1994, los hermanos Carlos y Vicente Castaño consolidaban las ACCU, integrando a paramilitares que antes actuaban bajo las órdenes de su hermano Fidel Castaño, asesinado ese mismo año. Su objetivo: disputar el control territorial y el negocio del narcotráfico a la guerrilla en una zona estratégica por su cercanía al mar Caribe y a la frontera con Panamá.
Ese mismo año, después de la muerte de Pablo Escobar, varias estructuras que participaron en los llamados “Pepes” adoptaron el nombre de ACCU, agrupando a los grupos armados que los Castaño habían coordinado desde los años ochenta. Esta organización se dedicó a ampliar su influencia mediante asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos masivos, sembrando terror en comunidades rurales de Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe.
En 1997, las ACCU se convirtieron en el pilar para la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que integraron a la mayoría de grupos paramilitares del país. Su expansión derivó en la conformación de bloques como el Norte, Catatumbo, Centauros, Tolima y Héroes de los Montes de María. La mayoría de estos frentes se desmovilizó entre 2004 y 2005 dentro del proceso de negociación con el Gobierno.
Tres décadas después, los hechos del 12 de diciembre de 1994 en Necoclí siguen siendo un recordatorio del impacto del conflicto armado en las comunidades del Urabá antioqueño y de las deudas históricas en materia de verdad, justicia y reparación.