La violencia armada volvió a teñir de luto al Ejército Nacional tras un atentado perpetrado por presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Cañasgordas, Occidente antioqueño, que dejó como saldo la muerte de dos soldados profesionales.
El ataque se registró en horas de la noche del lunes 7 de julio, mientras tropas del Batallón de Infantería N.º 32 Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada se desplazaban por la vereda La Esperanza. Según el reporte oficial, los responsables pertenecerían a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, liderada por alias Richard y alias El Soldado.
Durante la emboscada, los soldados Wilmer Javier Hidalgo Torres y Wuilinton Arley Duarte Ramírez resultaron gravemente heridos. Aunque fueron evacuados de inmediato al hospital San Carlos de Cañasgordas, fallecieron a causa de la gravedad de sus lesiones.
“Estas acciones son una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Este Comando procederá a instaurar las denuncias ante la autoridad competente”, expresó el Ejército en un comunicado.
La institución militar calificó lo ocurrido como un acto cobarde y condenó que grupos armados ilegales sigan atentando contra la Fuerza Pública, mientras el país busca salidas a la crisis de seguridad que golpea a varias regiones del territorio nacional.
Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos violentos que evidencian el deterioro del orden público en Antioquia. Tan solo en junio pasado, una agente de Policía fue asesinada en el municipio de Valdivia, al Norte del departamento, en un ataque atribuido al ELN.
En respuesta a esta escalada de violencia, la Gobernación de Antioquia solicitó el pasado 5 de mayo una asistencia militar al Gobierno Nacional, pidiendo aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Policía en subregiones estratégicas como el Bajo Cauca, el Nordeste, Urabá, Suroeste y Occidente.
Aunque el Gobierno respondió el 1 de junio que estaba evaluando medidas de seguridad, hasta el momento no se han conocido detalles concretos sobre la implementación de refuerzos efectivos en los territorios más afectados.
Este hecho enluta al Ejército y enciende las alarmas sobre la necesidad urgente de proteger a la Fuerza Pública y a la población civil en medio de una disputa territorial y criminal que sigue cobrando vidas.