Un nuevo paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó encendió las alarmas de las autoridades civiles y militares. La medida, impuesta por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, restringe la movilidad en la cuenca del río Baudó y sus afluentes desde el mediodía del viernes 2 hasta la medianoche del lunes 5 de mayo, bajo el argumento de “proteger a la población civil” en medio de una confrontación con otra estructura armada ilegal.
La respuesta institucional no se hizo esperar. El Ejército Nacional rechazó tajantemente la acción armada y advirtió que el accionar del ELN nada tiene que ver con la protección de la ciudadanía. “Esta acción terrorista no es más que un constreñimiento armado con el fin de facilitar el movimiento de clorhidrato de cocaína hacia el Pacífico”, señaló el coronel Román Leonardo Fonseca Rodríguez, comandante de la Décima Quinta Brigada, quien aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía mantienen operaciones “contundentes” en la zona para garantizar la seguridad.
Según información de Inteligencia Militar, el Frente de Guerra Occidental cuenta con al menos 520 combatientes y 365 milicianos que estarían disputándose rutas de narcotráfico con un grupo ilegal liderado por alias Piernas Limpias, lo que ha intensificado el clima de violencia en el sur del departamento.
Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció que la administración departamental se prepara para asumir la atención humanitaria que podría desencadenarse por esta nueva escalada del conflicto. A través de su cuenta de X, Córdoba solicitó mayor presencia de la Armada, especialmente por la importancia fluvial y marítima de la región, así como acciones coordinadas entre el Ejército y la Policía para proteger a la población.
Entretanto, las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades a no dejarse intimidar por las amenazas del grupo armado y a mantener la calma ante esta difícil situación de orden público.