La Cámara de Representantes de Estados Unidos encendió las alarmas sobre la situación política y de seguridad en Colombia, con fuertes cuestionamientos al Gobierno de Gustavo Petro. En un informe oficial sobre el presupuesto de cooperación internacional para el año fiscal 2026, el organismo legislativo expresó preocupación por el presunto consumo de drogas “en los más altos niveles del Gobierno colombiano”.
Aunque no se mencionan nombres, el señalamiento ha generado gran controversia y podría tensar aún más las relaciones bilaterales. Hasta el momento, la Presidencia de Colombia no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones.
El informe también critica duramente el manejo de la cooperación por parte del Ejecutivo colombiano, señalando que “la Administración Petro no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover metas y objetivos comunes”. Como consecuencia, el monto de ayuda no militar se reducirá en un 50 %, pasando de 400 millones a 209 millones de dólares anuales.
La Cámara Baja mostró además su preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia y el “ambiente político volátil”, haciendo referencia al reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
El informe coincide con las cifras reveladas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que ratifican a Colombia como el principal productor de cocaína en el mundo. En 2023, el país reportó 253.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y 2.600 toneladas de cocaína producidas, un incremento del 53 % frente al año anterior.
A pesar del aumento, el Gobierno Petro ha mantenido su enfoque en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defendiendo que el campesino no debe ser criminalizado. Esta postura ha generado fricciones con Washington, que tradicionalmente ha impulsado una estrategia más represiva.
El informe de la Cámara de Representantes también advierte sobre lo que denomina “políticas perjudiciales, comportamiento errático y relaciones malignas” del Gobierno colombiano, lo que, según el Comité, contradice los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos.
Aún se espera una respuesta oficial del Gobierno Petro frente a estas duras acusaciones, que podrían marcar un nuevo punto crítico en la relación diplomática entre Bogotá y Washington.