En una nueva acción contra la corrupción dentro de las entidades del Estado, 12 miembros de la Policía Nacional fueron judicializados en Bogotá por presuntas irregularidades cometidas mientras prestaban servicio en la localidad de Puente Aranda.
Los uniformados enfrentan medidas de aseguramiento intramural, luego de que la Fiscalía presentara evidencias que los vinculan con posibles hechos de corrupción en el cumplimiento de sus funciones.
Presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial, realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales, permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre.
Para darle apariencia de legalidad a estas actuaciones ilícitas habrían alterado informes judiciales. De esta manera evitaron que las irregularidades fueran detectadas por mandos superiores; Las investigaciones continúan para esclarecer el alcance de los actos y establecer si hay más personas involucradas. El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía y autoridades, que reiteran el compromiso con la transparencia y el buen ejercicio del poder público.