La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, por irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
El Ministerio Público concluyó que Leyva desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierto el proceso, pese a que existía un oferente que cumplía con los requisitos establecidos. La entidad calificó la falta como gravísima a título de dolo, al considerar que la decisión careció de sustento legal.
La controversia se remonta a finales de 2023, cuando el entonces canciller suspendió el contrato que la empresa Thomas Greg & Sons tenía desde hacía 17 años, lo que desencadenó un litigio contra el Estado y una crisis en la expedición de pasaportes.
El fallo es definitivo y no admite recurso