El 18 de febrero, el departamento del Chocó amaneció sumido en el miedo y la incertidumbre, tras el inicio del paro armado de 72 horas anunciado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La medida, que se extenderá hasta el viernes 21 de febrero, ha causado que gran parte de la población se encuentre encerrada en sus hogares por temor a la violencia.

El paro armado se produce en un contexto de intensos enfrentamientos en la región del Medio San Juan entre el ELN y el Clan del Golfo. Estos enfrentamientos han dejado, hasta el momento, alrededor de 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Gobernación del Chocó.

Según la Defensora del Pueblo, Iris Marín, además de la presencia del ELN, se ha reportado la incursión de disidencias al mando de alias Iván Mordisco, quienes estarían aliándose con el Clan del Golfo en su enfrentamiento con el ELN. La situación ha derivado en once focos activos de emergencia humanitaria en Colombia, afectando de manera desproporcionada a campesinos, afrocolombianos, indígenas, y a niños y jóvenes.

Los grupos armados ilegales se disputan el control del río San Juan, una zona estratégica que les permite dominar economías ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de madera y la minería ilegal. En este contexto, se han registrado confinamientos y suspensiones de navegación, así como la presencia de minas antipersonal cerca de comunidades y escuelas.

En medio de este panorama, la Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas. A su vez, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó denunció en redes sociales la retención de un habitante de la comunidad de Fujiadó-Medio San Juan y el reclutamiento de dos menores en la comunidad de Duardú-Litoral del San Juan.

Las comunidades étnicas de la región han expresado su rechazo a la violencia y su deseo de vivir en paz, cuidar sus territorios y proteger su cultura. Frente a esta realidad, piden que se tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar.