El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según Reyes, los señalamientos del mandatario lo exponen a él y a su familia.
La disputa gira en torno al veto a la exportación de carbón hacia Israel. Reyes sostiene que fue Petro quien ordenó mantener los envíos, en contra de sus recomendaciones. En respuesta, el presidente denunció que Reyes introdujo una cláusula que vació de contenido la prohibición. “El gatopardismo es así… y gatopardo la volvió inicua en la DIAN”, afirmó Petro, acusándolo de “hacer trampa”
— Luis Carlos Reyes en X:
“La exportación de carbón se mantuvo por orden expresa de Gustavo Petro, en contra de nuestras recomendaciones.”
Por su parte, Petro retrucó:
“Lástima que más carbón haya salido después de mi orden verbal de prohibición… hacer trampa para que continúe el genocidio.”
Esta confrontación ocurre en un contexto más amplio, donde el gobierno insiste en que la prohibición del carbón busca impedir que recursos nacionales sirvan para financiar conflictos. Reyes por su parte acusa al presidente de usar el tema con fines políticos.
Este nuevo episodio deja ver cómo un tema técnico –la exportación de carbón– puede alimentarse de tensiones políticas profundas. Cuando la responsabilidad se diluye entre acusaciones cruzadas, el foco pierde claridad. Lo esencial ahora es que la justicia examine si las declaraciones constituyen mera estrategia política o un potencial daño real a una persona y su familia.
El caso seguirá su curso en la Comisión de Acusaciones. Observa con atención cómo evoluciona: ¿habrá repercusiones políticas? ¿se configurará un precedente sobre cómo deben manejarse las críticas entre funcionarios y presidentes? Lo que está en juego, de fondo, es la responsabilidad institucional y la protección de la verdad, aunque esta incomode a los poderosos.