La Defensoría del Pueblo ha denunciado que alrededor de 3.350 personas en las zonas rurales del municipio de Bojayá, en el Chocó, están bajo un confinamiento prolongado debido a la persistente siembra de minas antipersonal y la creciente influencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo). Doce comunidades campesinas e indígenas enfrentan graves amenazas, incluyendo el reclutamiento de menores, extorsión y acoso sexual, entre otras problemáticas.
En una reciente misión de verificación, la Defensoría del Pueblo, junto con la Alcaldía de Bojayá y otras entidades, constató la crítica situación que viven las comunidades de Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó. Las familias de estas áreas han sido afectadas por la imposición de retenes ilegales y la extorsión de parte de grupos armados ilegales, quienes también despojan a las mujeres de sus pertenencias íntimas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha señalado que el control territorial y social de las AGC ha incrementado significativamente, agravando la situación humanitaria en Bojayá. Las denuncias incluyen restricciones para la salida de productos agrícolas, lo que impide a los campesinos obtener ingresos necesarios para su subsistencia.
La Defensoría del Pueblo ha formulado varias recomendaciones urgentes al gobierno, incluyendo la necesidad de desplegar brigadas de salud integral y psicosocial, continuar con el desminado en las áreas afectadas y aumentar la presencia de fuerzas de seguridad para proteger a las comunidades. Camargo ha hecho un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y garanticen la protección de los derechos humanos en la región.
