En un fallo histórico que sacude nuevamente las bases de la justicia colombiana, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, por su participación en el Cartel de la Toga, una de las redes de corrupción judicial más graves en la historia del país.
Tarquino fue hallado culpable del delito de concusión como interviniente, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que, en 2014, solicitó $20.000 millones al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, con el fin de sobornar a funcionarios de la Corte que adelantaban investigaciones en su contra por el Cartel de la Hemofilia, un desfalco millonario al sistema de salud del departamento.
De acuerdo con el expediente, los encuentros entre Tarquino y Lyons ocurrieron en un apartamento al norte de Bogotá. Allí, el entonces magistrado ofreció influencias ante fiscales y otros togados a cambio del millonario pago, asegurando incluso conocer al fiscal del caso y tener la capacidad de “persuadirlo” para favorecer al exmandatario regional.
Además de la pena de prisión, el exmagistrado deberá pagar una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitado por 60 meses para ejercer funciones públicas.
El fallo en segunda instancia ratifica la sentencia emitida en 2023, cuando un juez de primera instancia lo encontró responsable de aprovechar su posición de poder para manipular la justicia a favor de personajes políticos investigados. Así, su condena queda en firme.
Tarquino, oriundo de Ibagué, es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia y cuenta con estudios en Derecho Procesal, Constitucional y Laboral en universidades de Colombia y España. Ingresó a la Corte Suprema en 2004 y la presidió en 2011. Su carrera, sin embargo, quedó manchada por el entramado de corrupción judicial que también involucró a los expresidentes del alto tribunal Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.
Este nuevo capítulo del Cartel de la Toga deja en evidencia las grietas profundas de la justicia colombiana, y plantea una pregunta crucial: ¿quién vigila a los que imparten justicia?