Varios congresistas colombianos han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, argumentando una “situación de extrema gravedad y urgencia” debido a presuntas amenazas derivadas de su oposición a la reforma a la salud promovida por el presidente Gustavo Petro.
La denuncia, respaldada por varios partidos políticos, señala que los senadores de la Comisión VII del Congreso enfrentan riesgos por no apoyar las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. Según los firmantes, estos hechos estarían relacionados con su rechazo al proyecto de ley 216 de 2023, presentado en febrero de ese año por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho.
Esta iniciativa busca una transformación estructural del sistema de salud en Colombia, lo que ha generado un intenso debate y divisiones dentro del Congreso. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de la reforma para garantizar un sistema más equitativo, diversos sectores han expresado preocupaciones sobre su viabilidad y el impacto en la población más vulnerable.
Hasta el momento, la CIDH no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de medidas cautelares. Entretanto, el debate en torno a la reforma sigue agitando el panorama político colombiano.