El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro, con el que se convocaba a una consulta popular nacional, una decisión que ha generado revuelo en el ámbito político y jurídico del país.
La medida cautelar fue adoptada por la alta corte al considerar que el denominado «decretazo» podría haber incurrido en posibles irregularidades de carácter constitucional, al ser expedido sin el cumplimiento de algunos requisitos legales esenciales para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.
El decreto presidencial buscaba llevar a las urnas una consulta para refrendar las reformas propuestas por el Gobierno en temas estructurales como salud, pensiones y educación. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado frena momentáneamente este proceso, argumentando que debe estudiarse más a fondo la legalidad de dicha iniciativa.
El fallo responde a una demanda interpuesta por sectores de oposición y organizaciones de la sociedad civil que advirtieron sobre una posible extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, al utilizar un decreto para convocar a la ciudadanía sin la debida aprobación del Congreso de la República.
Desde la Presidencia aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial frente a la suspensión, pero aliados del Gobierno ya califican la decisión como un obstáculo más dentro de lo que consideran un bloqueo institucional a las reformas sociales impulsadas desde el mandato de Petro.
Por su parte, expertos en derecho constitucional aseguran que la decisión del Consejo de Estado no anula el decreto, pero sí lo deja suspendido de manera preventiva, mientras se analiza de fondo si cumple con los criterios exigidos por la Constitución para una consulta popular de carácter nacional.
Este nuevo capítulo eleva la tensión entre el Ejecutivo y los órganos de control, en medio de un contexto político marcado por la controversia en torno al alcance y forma de las reformas propuestas por el actual gobierno.