El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la Consulta Popular promovida por el Gobierno Nacional no podrá coincidir con ningún otro proceso electoral en Colombia. Esta decisión busca garantizar la transparencia y claridad en el ejercicio democrático del país.
Con más de 40 elecciones atípicas programadas para 2025, entre alcaldías, consejos municipales y locales de juventud, se deben establecer fechas que permitan su desarrollo sin interferencias. Además, dado que las elecciones presidenciales están previstas para 2026, la consulta tendría un margen limitado para realizarse.
Elegir una fecha adecuada para la consulta no es sencillo, pues su organización requiere meses de preparación. Actualmente, ya se han realizado el levantamiento previo y el traslado presupuestal de los recursos, pero aún queda pendiente la aprobación de vigencias futuras y la convocatoria pública para contratar proveedores con experiencia en procesos electorales.
El registrador también aclaró que, aunque en Colombia existen empresas privadas que suministran servicios para elecciones, la Registraduría es responsable de la logística general, que incluye la impresión, el transporte y la difusión del proce
El costo estimado de la consulta se encuentra entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. Por esta razón, las entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría, han insistido en la necesidad de una planeación rigurosa y un manejo eficiente de los recursos públicos.
Penagos aseguró que la jornada debe ser «impecable», lo que implica la selección de proveedores con experiencia y la vigilancia constante de los organismos de control. Además, resaltó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) participe activamente en la supervisión del proceso para prevenir cualquier irregularidad.
El registrador destacó que evitar la coincidencia de la consulta con otros procesos electorales no solo responde a una obligación legal, sino que también protege la democracia en Colombia. La ley 1757 establece que la consulta no puede coincidir con otro ejercicio electoral, lo que implica una programación minuciosa para garantizar la participación ciudadana sin interferencias.
En la tarde del 27 de marzo, Penagos se reunió con miembros del Centro Carter para discutir las estrategias de observación electoral. Asimismo, el contralor Carlos Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach expresaron su respaldo a la Registraduría y enfatizaron en la necesidad de proteger la legitimidad del proceso electoral y la institucionalidad del país.
A pesar de los desafíos logísticos y presupuestales, el Gobierno Nacional continúa con los preparativos de la Consulta Popular, asegurando que se respeten las normas y se garantice la transparencia del proceso.