La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido no investigar al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por el delito de tráfico de influencias. Esta decisión responde a una denuncia presentada en 2019, en la que se acusaba a Uribe de haber ejercido presión sobre Miryam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), durante una convención del Partido Centro Democrático.
El origen de la denuncia se remonta a un incidente en el que Uribe, entonces senador, hizo una llamada telefónica a Martínez. Según informes, Uribe habría hecho un reclamo a Martínez, lo cual algunos interpretaron como una posible tentativa de influir en las decisiones de la agencia.
Sin embargo, la CSJ determinó que no existen pruebas suficientes para proceder con una investigación formal contra el exsenador. La Sala consideró que el material probatorio examinado “permite razonablemente concluir que, en el caso bajo estudio, no se está en presencia de un hecho penalmente relevante”.
En consecuencia, ante la atipicidad de la conducta de tráfico de influencias de servidor público o de cualquier otro delito, se decidió inhibirse de abrir instrucción contra Álvaro Uribe.
Es importante mencionar que este caso no tiene nada que ver con su juicio en curso, el cual adelanta la Fiscalía General de la Nación respecto a un presunto soborno y manipulación de testigos en la investigación sobre su participación en la creación de grupos paramilitares, condenados por crímenes de lesa humanidad.
