La investigación da un nuevo paso. La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de agosto de 2026 a una audiencia de imputación de cargos por homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS, dentro del proceso que busca esclarecer la muerte del menor de 7 años, Kevin Acosta, y la presunta filtración de su historia clínica.
Los citados son Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñaba como auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
El caso también ha puesto bajo la lupa al expresidente Gustavo Petro. El abogado de la familia, Manuel Villanueva, sostiene que el exmandatario podría ser investigado por un posible homicidio culposo en calidad de garante, relacionado con su papel frente a la intervención de la Nueva EPS.
La investigación busca establecer si existieron omisiones graves, fallas en la atención médica o decisiones administrativas que pudieron influir en la muerte del menor. Según la Procuraduría, la escasez de medicamentos habría acelerado el sangrado que terminó con la vida de Kevin.
Además, la Fiscalía investiga una posible alteración de la historia clínica, con el objetivo de determinar si el diagnóstico registrado correspondía realmente a las circunstancias de la muerte.
Hasta el momento se trata de una investigación en curso. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por las autoridades competentes.