El Gobierno tomó una decisión que ya genera debate en Colombia.
Por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella, el INPEC ejecutó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad, consideradas de alto perfil y vinculadas a negociaciones de paz, hacia establecimientos penitenciarios de alta seguridad; ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y el Barne.
La medida busca reforzar el control dentro de las cárceles, aumentar las condiciones de seguridad y evitar que estructuras criminales puedan mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los centros penitenciarios.
El Gobierno señala que la decisión hace parte de una estrategia para recuperar el control penitenciario y limitar la capacidad de operación de organizaciones criminales desde las cárceles.