Una creciente ola de violencia y zozobra mantiene en vilo a las comunidades rurales del nordeste antioqueño, donde al menos 117 familias permanecen confinadas desde hace varios días por los intensos combates entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia.
Desde el pasado fin de semana, organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la incursión de este grupo armado ilegal en veredas de los municipios de Segovia y Remedios, generando un escenario de temor generalizado, desabastecimiento y aislamiento total. Las veredas afectadas incluyen Plaza Nueva, Campo Bijao, Camelias, Ojos Claros, Tamar Bajo, Puerto Nuevo Ité, Caño Tigre y Dos Quebradas, entre otras.
En algunos puntos estratégicos, los ilegales habrían instalado retenes armados para controlar el paso de personas y mercancías, impidiendo incluso la entrada de ayudas humanitarias y personal de las alcaldías. “Ni siquiera la Alcaldía ha podido ingresar”, aseguró Oscar Yesid Zapata, investigador de la Corporación Sumapaz.
La situación se agravó el miércoles con el hallazgo de dos jóvenes asesinados a bala en la vía que conecta la vereda Altos de Manila con el casco urbano de Remedios. En medio de la ausencia total de institucionalidad, fueron los líderes comunitarios quienes debieron contactar funerarias para realizar el levantamiento de los cuerpos.
El general (r) Luis Eduardo Martínez, actual secretario de Seguridad de Antioquia y gobernador encargado, confirmó que desde el 2 de julio unidades de la Séptima División del Ejército ingresaron a la zona, dando lugar a fuertes enfrentamientos con el grupo armado ilegal. Aseguró que se está haciendo presencia humanitaria con la Dirección de Derechos Humanos del Departamento.
“El Ejército ha entrado en contacto con los bandidos. El problema es que no podemos cubrir cada rincón de una región tan extensa, donde se disputa el control por rentas del narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó Martínez, advirtiendo que en esta franja, que se extiende hasta el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, también hacen presencia disidencias de las FARC y el ELN.
La situación actual pone en evidencia la fragilidad institucional, la indefensión de las comunidades campesinas y el urgente llamado a que el Estado recupere el control de los territorios. Entretanto, cientos de personas siguen atrapadas entre el fuego cruzado y el olvido.