Un juez de Bogotá ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda de $83.309 millones con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y su filial Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS). Esta deuda corresponde a subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 que no han sido pagados.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que, además de esta deuda, el Grupo EPM enfrenta un déficit total de $1,25 billones en subsidios, afectando a otras filiales como Afinia. Gutiérrez señaló que se intentaron múltiples canales de diálogo con el Gobierno sin obtener respuesta, lo que llevó a la acción legal.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó la decisión judicial como una «acción política» y acusó al uribismo de sabotear la financiación del Gobierno. Durante un consejo de ministros, Petro afirmó que esta medida no beneficia ni a Antioquia ni a Medellín y que no se puede permitir que se vulneren los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente.
El mandatario también cuestionó la postura de EPM, sugiriendo que la empresa, siendo pública y habiendo recibido apoyo de la Nación, debería alinear sus acciones con el interés nacional. Petro instó a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y al ministro de Minas y Energía a tomar medidas inmediatas para resolver la situación.
Esta situación refleja tensiones entre el Gobierno Nacional y entidades regionales por el manejo de subsidios y la prestación de servicios públicos esenciales.
