Un escándalo de proporciones sacude al sector salud en Antioquia. Siete hospitales públicos del departamento están bajo la lupa de la Fiscalía, acusados de realizar cobros ilegales millonarios a la Nueva EPS. La Procuraduría, tras una exhaustiva investigación, ha encontrado pruebas suficientes para remitir los casos a la justicia.

La investigación de la Procuraduría ha revelado que doce hospitales antioqueños habrían embargado de manera irregular más de 56.000 millones de pesos destinados a la salud. Sin embargo, por ahora, la Fiscalía centrará sus esfuerzos en siete instituciones: Chigorodó, Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá, Santa Bárbara y Concordia.

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), celebró la decisión de la Procuraduría y la Fiscalía. Sánchez afirmó que el gremio había solicitado desde hace tiempo una investigación exhaustiva sobre estas irregularidades, pues un puñado de hospitales estaba perjudicando a todo el sector.

«Es importante que se castigue a los responsables de estos cobros indebidos y que se recupere el dinero que le pertenece a la Nueva EPS y, por ende, a los pacientes», enfatizó Sánchez. El directivo también hizo un llamado a la EPS para que continúe pagando a los hospitales que cumplen con sus obligaciones, pues la crisis financiera que atraviesan está afectando directamente a los usuarios más vulnerables.

La crisis financiera que enfrentan los hospitales públicos de Antioquia, agravada por los cobros ilegales y los retrasos en los pagos de la Nueva EPS, tiene consecuencias directas en la atención a los pacientes. La falta de recursos puede llevar a la escasez de medicamentos, equipos médicos y personal capacitado, poniendo en riesgo la salud de miles de personas.

La Procuraduría y la Fiscalía tienen ahora la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para que los responsables de estos cobros ilegales enfrenten las consecuencias de sus actos. La sociedad antioqueña espera que la justicia se imponga y que los recursos destinados a la salud sean utilizados de manera adecuada para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.