Desde enero, la selección y postulación de Wilmar Herrera como personero de Apartadó ha generado un gran revuelo político. Desde su posesión, la mayoría de los concejales se opusieron a su nombramiento, señalando que no podía ejercer el cargo debido a un contrato que había obtenido con el gobierno local de la “ciudad líder”, vigente hasta diciembre de 2023.
En la votación, solo seis concejales apoyaron su candidatura, mientras que once se abstuvieron. Esta decisión dio inicio a una serie de conflictos legales que han llevado a más de tres demandas en el sistema judicial colombiano, de las cuales dos ya han tenido un fallo y una más sigue en espera.
El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado han determinado que Herrera incurrió en deshonestidad al participar en el concurso, afirmando que violó la ley al jurar que la respetaría. Este panorama es alarmante, ya que su gestión en la Personería ha estado marcada por controversias. Al poco tiempo de asumir el cargo, Herrera contrató a políticos cercanos al cañizalismo, como el exconcejal Rubiel Montes y el exsecretario del Concejo, Luis Alfredo Seña, este último enfrentando una demanda que ha retrasado importantes proyectos en Apartadó.
Las demandas han continuado, y en agosto, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó que Herrera debía abandonar su puesto. La nueva personera encargada reveló un informe sobre un desfalco significativo en la entidad en menos de ocho meses, lo que ha generado aún más preocupación.
A principios de septiembre, se conoció un segundo fallo del Consejo de Estado que inhabilitó a Herrera del cargo y lo excluyó del concurso, lo que ha intensificado el escándalo político en Apartadó. Esta decisión ha dejado a Herrera en una situación precaria, con la posibilidad de enfrentar más denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por haber jurado su cargo a pesar de sus complicaciones legales.
Según algunos abogados, la situación podría poner en riesgo su carrera profesional como abogado y su capacidad para ocupar cargos públicos.
La crisis también podría afectar la casa política del exalcalde Benicio Cañizales, quien enfrenta varios procesos en la Fiscalía y la Procuraduría. Las reuniones entre los actores políticos de la región no han cesado, en medio de un clima de incertidumbre y tensión.
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