El exalcalde de Carepa, Jonnan Alexis Cerquera, conocido popularmente como “el amiguito”, enfrenta una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de prevaricato, en un caso que lo pondría fuera del panorama político, al inhabilitarlo para ejercer cargos públicos en el futuro.
El centro de la controversia es el proyecto “Parque Los Colores”, ejecutado durante su administración en 2023. La obra fue contratada y desarrollada en un predio de propiedad privada, lo cual, según las autoridades de control, representa una clara extralimitación de funciones y una violación directa del artículo 63 de la Constitución Política de Colombia. Dicho artículo establece que los bienes públicos y de uso público no pueden ser objeto de apropiación privada, y por tanto, no pueden ser intervenidos con recursos públicos sin que medien las debidas autorizaciones legales.
La denuncia fue presentada por el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal a Nivel Micro del Sistema General de Regalías (SGR) de la Contraloría General de la República. Este ente, tras analizar la actuación administrativa de la Alcaldía y de la Secretaría de Infraestructura y Planeación, encontró méritos suficientes para dar apertura a una investigación fiscal, disciplinaria y penal.
Según el informe de la Contraloría, el proyecto presenta deficiencias graves en su formulación, planeación y ejecución, y fue adelantado sin las autorizaciones exigidas por el Sistema General de Regalías. La situación habría generado un detrimento patrimonial preliminar estimado en $420 millones de pesos, recursos que pertenecen al municipio de Carepa y que, en palabras del organismo de control, fueron puestos en riesgo de manera irresponsable.
El proceso también vincula a la entonces Secretaria de Obras Públicas, quien habría coadyuvado en la ejecución del proyecto de manera irregular. Varios juristas consultados advierten que Cerquera y su exfuncionaria habrían incurrido en el delito de prevaricato por acción, tipificado en el Código Penal Colombiano, el cual contempla penas que van desde 48 hasta 144 meses de prisión, multas entre 66.66 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y inhabilitación para ejercer funciones públicas de hasta 144 meses.
La comunidad de Carepa y los entes de control ahora esperan una respuesta clara por parte del exmandatario, quien deberá rendir cuentas no solo ante la Fiscalía, sino ante la ciudadanía que lo eligió.