El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enfrenta un proceso judicial que gana fuerza con la revelación de nuevas pruebas que lo vinculan con posibles delitos de corrupción durante su administración como alcalde de Rionegro (2016-2019)
De acuerdo con la Fiscalía, Rendón habría incurrido en peculado y celebración indebida de contratos en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) que costaron cerca de 2 mil millones de pesos. Aunque fueron inaugurados, jamás entraron en operación porque la Policía no los avaló ni asignó personal. Hoy, tras más de cinco años, permanecen abandonados, generando pérdidas millonarias y sospechas de favorecimientos a contratistas allegados al actual gobernador.
El caso tomó un giro decisivo tras 71 días de interceptaciones telefónicas legales entre mayo y julio de 2023, en las que el propio Rendón admite que los CAI nunca funcionaron, contradiciendo su discurso público. Las grabaciones también mencionan a exfuncionarios de su administración en Rionegro que hoy ocupan cargos en la Gobernación, como Carlos Andrés Gómez Franco, Hugo Alberto Parra Galeano y María Patricia Correa Taboada.
Además, en las llamadas aparecen conversaciones sobre contratos actuales de la Gobernación de Antioquia, entre ellos uno por 50 mil millones de pesos, en el que se hablaba de una supuesta coima de 5 mil millones.
La denuncia fue impulsada por la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público de Rionegro, cuyo vocero, Carlos Osorno, denunció sobrecostos en los proyectos y aseguró que, pese a la evidencia del abandono, desde la administración se promueve la idea de que los CAI están en funcionamiento.