Cumplida una semana del asesinato de los campesinos Nallely Sepúlveda, de 30 años y Edinson David, de 14 años, ultimados en la finca Las Delicias, propiedad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, autoridades de orden nacional llegaron al territorio.

Sucedió este miércoles 27 de marzo cuando Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, acompañado por otras entidades del Gobierno Nacional, se reunió con líderes de la zona para dialogar sobre lo sucedido y tomar decisiones al respecto.

Como resultado del encuentro, desde el Ministerio y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, cuya directora es la exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, se definió conformar una mesa interinstitucional para revisar las peticiones de esta comunidad.

“El Ministerio del Interior va a revisar todas las sentencias, todas las peticiones que ellos han tenido y su situación de riesgo, con miras a que podamos brindar soluciones concretas en materia de tierras, en materia de la legalidad de su permanencia en los territorios, en materia de sus garantías de seguridad”, dijo Castañeda.

Además de esto, se harán los diagnósticos jurídicos de los predios, una inspección de campo a los títulos mineros que hay en el territorio y se buscará la posibilidad de realizar un acto de perdón público por parte de la Fuerza Pública por hechos históricos de violencia en esta comunidad.

Arley Tuberquia, miembro del consejo interno de la Comunidad de Paz, explicó que actualmente existen dos medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de tres sentencias de la Corte Constitucional para su protección.

«No hay ninguna protección, cada vez que subimos a las veredas, a los lugares de la comunidad, corremos el riesgo de ser asesinados», dijo Tuberquia.

Actualmente la comunidad dice estar en «alerta roja» por intenciones de paramilitares de sacarlos de varios predios que son de su propiedad. Estos son Las Delicias, en la vereda La Esperanza; La Roncona, cerca al casco urbano del corregimiento San José de Apartadó; y La Aldeita de Paz, en la vereda Mulatos.

“¿Qué es lo que nosotros desearíamos en el territorio? Que haya garantías para nosotros seguir siendo comunidad, que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir (…) Somos autónomos y tenemos nuestra forma de sobrevivir en el territorio y pedimos ser respetados, es lo mínimo que pedimos”, concluyó Tuberquia.

La comunidad San José de Apartadó se declaró Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, cuando un grupo de cerca de 500 campesinos decidieron ser neutrales ante la presencia de grupos armados (Guerrillas y paramilitares) en el territorio.