En un contexto de crisis humanitaria y bajo la declaratoria de conmoción interior, el Gobierno Nacional ha implementado nuevas medidas para apoyar a las familias de la región del Catatumbo afectadas por los cultivos de coca. A través del Decreto 0180, fechado el 14 de febrero de 2025, se ha establecido que las familias que voluntariamente erradiquen sus cultivos ilícitos recibirán un pago de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (1.423.500 pesos colombianos).
El decreto tiene como objetivo principal fomentar la transición de las comunidades hacia economías lícitas, en un esfuerzo por reducir la dependencia de los cultivos de uso ilícito en la región. Para ello, el Ministerio de Salud y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito liderarán el proceso, estableciendo los lineamientos para la entrega de los pagos, que estarán sujetos a una fase de verificación que incluye monitoreo satelital y auditorías periódicas en el territorio.
Las familias beneficiadas deberán cumplir con las condiciones de erradicación voluntaria, y se realizarán visitas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Además, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) ha delimitado las áreas específicas de Catatumbo donde se llevarán a cabo estas estrategias, permitiendo un monitoreo más preciso de la erradicación.
Con estas medidas, el Gobierno espera no solo mitigar los efectos de la crisis humanitaria, sino también ofrecer a las familias de Catatumbo una alternativa viable para su sustento, alejándose de los cultivos ilegales que tanto han afectado a la región.
