Una decisión judicial impulsada por la Gobernación de Antioquia dejó sin efecto los beneficios tributarios que venían aplicándose en el Distrito de Turbo a través del Acuerdo N.º 002 de 2025. Los descuentos, que estaban vigentes hasta este 15 de mayo y se aplicaban a los impuestos de Predial e Industria y Comercio, fueron suspendidos tras un fallo que declaró inválida la delegación de facultades al Concejo Municipal para establecerlos.
La medida fue confirmada por la Administración Distrital en un comunicado oficial, en el que se advierte que, desde este 16 de mayo, se retomará el cobro total de los impuestos, con intereses de mora calculados según el artículo 635 del Estatuto Tributario, es decir, hasta la tasa máxima legal.
“A partir del 16 de mayo, los contribuyentes deberán asumir la totalidad de sus obligaciones tributarias sin descuento alguno, debido a que la medida fue suspendida por decisión judicial tras la revisión del Acuerdo por parte de la Gobernación de Antioquia”, señala el documento firmado por la Secretaría de Hacienda.
El pronunciamiento judicial responde a una acción interpuesta por la Gobernación, que argumentó que el Concejo de Turbo no tenía competencia para otorgar descuentos tributarios sin autorización superior. El tribunal falló a favor de esta interpretación, pero la controversia no tardó en escalar más allá del ámbito jurídico.
Desde distintos sectores sociales del municipio, la medida es vista como una interferencia directa en la autonomía territorial y una muestra de desconexión por parte del gobierno departamental con las realidades fiscales de los distritos.
La suspensión repentina de los alivios tributarios ha generado indignación entre contribuyentes, líderes sociales y autoridades locales. La administración distrital evalúa alternativas legales para reactivar los beneficios, pero el proceso requerirá un nuevo Acuerdo, debidamente justificado y blindado jurídicamente.
Lo que sí es inmediato es el impacto en los bolsillos de cientos de ciudadanos que contaban con los descuentos como un alivio real en medio de una economía golpeada por la inflación y la informalidad.
El cuestionamiento hacia la Gobernación no se hace esperar: ¿por qué tumbar una medida que beneficiaba directamente a la gente común? ¿Qué gana el departamento bloqueando decisiones locales adoptadas en favor del bienestar ciudadano?
La decisión, aunque jurídicamente sustentada, deja la sensación de que en el pulso entre lo legal y lo justo, volvió a ganar la burocracia. Y en ese cruce, como casi siempre, pierde el pueblo