La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, por una extensa lista de delitos que incluyen homicidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, reclutamiento ilícito de menores, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
El líder guerrillero fue declarado «persona ausente» por un juez tras no presentarse a varias audiencias judiciales. Sin embargo, las órdenes de captura en su contra continúan suspendidas, una medida adoptada en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
La Fiscalía precisó que la decisión de mantener o reactivar esas órdenes depende exclusivamente del Gobierno. Si llegaran a reactivarse, las autoridades pondrían en marcha los mecanismos necesarios para facilitar su captura, incluso en caso de que salga del país.
El caso ha reavivado el debate nacional, ya que, mientras enfrenta un proceso por múltiples delitos de alta gravedad, continúa beneficiado por la suspensión de las órdenes de captura.