La Procuraduría General de la Nación ha inhabilitado por siete años para ejercer cargos públicos a Martín Emilio Sánchez Valencia, exalcalde de Quibdó (2020 – 2023), y a Evelyn Cañadas Garrido, exsecretaria de Infraestructura (2021 – 2023), debido a su participación en la adjudicación irregular de un contrato por un monto de $1.646 millones destinado a la adecuación del centro de salud en el barrio Divino Niño.
En su fallo, el ente de control destacó que Sánchez Valencia actuó de manera contraria a los requisitos legales al suscribir tanto el aviso de convocatoria como la resolución de apertura del proceso de licitación pública. El alcalde firmó dichos documentos sin incluir la información mínima necesaria, como la fecha, el lugar y las condiciones para la presentación de las propuestas. Además, el cronograma de actividades estaba incompleto y la fecha límite para presentar observaciones al pliego de condiciones fue menor a la establecida por la ley.
El proceso continuó con la firma del acta y la resolución de adjudicación del contrato por parte de Sánchez Valencia el 21 de abril de 2023, pese a que la fecha prevista en los pliegos era el 30 de marzo del mismo año. Según el fallo, “el cronograma no se cumplió, lo que constituye una violación a la ley”.
En cuanto a la exsecretaria de Infraestructura, Evelyn Cañadas Garrido, la Procuraduría señaló que suscribió los estudios previos para la estimación del valor del contrato, que ascendía a $1.646.709.311. Sin embargo, se descubrió que el cálculo no se basó en un análisis riguroso de precios unitarios, sino que simplemente se indicaron porcentajes sobre materiales de construcción, sin ningún estudio comparativo que justificara el monto mencionado.
Este fallo pone en evidencia las fallas en el manejo de los recursos públicos durante la administración local de Quibdó, afectando la transparencia y la correcta ejecución de los contratos destinados al bienestar de la comunidad.