En una decisión sin precedentes en la región, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a 11 exmilitares del Urabá antioqueño heridos con minas antipersonal durante el conflicto armado.
La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, tras comprobar que estos hombres resultaron con lesiones físicas graves, amputaciones y afectaciones psicosociales permanentes, hechos ocurridos mientras prestaban servicio activo entre 1986 y 2016.
La acreditación hace parte del Caso 04, que investiga crímenes cometidos en Turbo, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, y otros municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Además de los exsoldados, 12 familiares también fueron reconocidos como víctimas indirectas.
La JEP reiteró que el uso de minas antipersonal constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, por su carácter indiscriminado y el sufrimiento duradero que genera.
Colombia sigue siendo uno de los países más afectados por estos artefactos: más de 12.500 víctimas desde 1990, con Antioquia a la cabeza. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que los casos han aumentado un 89% solo en el último año.