La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de los campesinos afectados por el despojo de tierras en la región de Tulapas, Urabá.
En su resolución, la JEP prohibió a la Reforestadora Integral de Antioquia y al Fondo Ganadero de Córdoba hacer uso de aproximadamente 200.000 hectáreas que abarcan 58 veredas en los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.
La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades campesinas, que aún no han recibido una reparación integral ni han logrado la restitución definitiva de sus tierras. La JEP solicitó la suspensión temporal de los contratos de usufructo firmados por estas empresas, debido a su vinculación con proyectos que podrían afectar el acceso a las tierras por parte de las víctimas del conflicto armado.
La situación en Tulapas ha sido crítica desde la década de los noventa hasta principios del 2000, con un despojo masivo que ha impactado a al menos 130 familias y más de 4.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Paula Andrea Villa Vélez, directora territorial encargada de la Unidad para la Restitución de Tierras (URT) en Apartadó, subrayó la importancia del trabajo en esta región para abordar las graves consecuencias que han enfrentado las comunidades campesinas, incluyendo la ruptura de sus proyectos de vida y vínculos territoriales.
La JEP ha destacado que la violencia ejercida contra esta población tenía como objetivo consolidar una estrategia militar, económica y social en Urabá, lo que ha llevado a investigaciones sobre la situación territorial en esta región.
