El río Atrato, una de las principales arterias fluviales del Pacífico colombiano, fue declarado en estado de emergencia de derechos humanos por Naciones Unidas debido a los altos niveles de contaminación con mercurio, producto de la minería ilegal y la deforestación.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), más de 180 000 habitantes de la cuenca del Atrato están expuestos a contaminantes que ponen en riesgo su salud y su sustento. Los estudios revelan que la concentración de mercurio en el agua y los peces supera los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud.
La ONU instó al Gobierno colombiano a cumplir la sentencia T-622 de 2016, que reconoce al río como sujeto de derechos, y a garantizar la participación de las comunidades afrodescendientes e indígenas en los procesos de recuperación.
Este llamado se suma a las denuncias de organizaciones locales que advierten sobre los efectos devastadores en la salud infantil y la pérdida de biodiversidad en la región del Chocó. La situación plantea un desafío urgente para Colombia en materia ambiental y de derechos humanos.