En medio de la aceleración de las obras finales de Puerto Antioquia, con la expectativa de recibir su primer barco este año, el megaproyecto se ha visto envuelto en recientes tensiones políticas. Un intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha puesto en el centro del debate público la situación ambiental del proyecto y la validez de sus permisos.
El gobernador Rendón respondió a las exigencias del presidente Petro, recordando que la supervisión ambiental del proyecto recae en entidades del Gobierno Nacional, específicamente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), como Corpourabá. Subrayó que la Gobernación no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos.
Esta controversia ha generado interrogantes sobre el funcionamiento y el estado actual de las licencias ambientales de Puerto Antioquia. Según la información disponible, la Anla otorgó una licencia ambiental inicial hace una década, a favor de la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., para la construcción y operación de un terminal de graneles sólidos con una capacidad de 2,2 millones de toneladas.
Posteriormente, en enero de 2016, esta licencia fue ampliada para convertir el proyecto en un terminal portuario multipropósito, con la capacidad de movilizar una gama más amplia de mercancías, incluyendo alimentos perecederos, graneles sólidos y líquidos, y vehículos automotores.
La información disponible confirma que Puerto Antioquia cuenta con permisos tanto de la Anla como de Corpourabá para el desarrollo de sus obras. Sin embargo, el reciente debate político subraya la importancia de la vigilancia continua y el cumplimiento de todos los requisitos ambientales y sociales asociados a este importante proyecto de infraestructura.