Cerca de 5.000 personas, residentes en 11 veredas ubicadas entre Turbo, San Pedro de Urabá y Arboletes, enfrentan la amenaza de desalojo tras recibir notificaciones de Restitución de Tierras en mayo de 2015.

Estas comunidades, que habitan la zona por más de 30 años, se encuentran en medio de un complejo conflicto legal y social que involucra a 68 reclamantes que exigen la recuperación de sus predios, los cuales abandonaron por causa de la violencia.

Un proceso de ocho años sin resolución definitiva: Diversas entidades, incluyendo la Personería, la Defensoría del Pueblo y las alcaldías municipales, han intervenido en el proceso, se han establecido acuerdos temporales mientras se espera el fallo definitivo del juez, que determinará el futuro del territorio y sus habitantes.

Entre los acuerdos se encuentra la reubicación de las familias desalojadas, con un subsidio temporal de arriendo y alimentación. Sin embargo, la comunidad denuncia el incumplimiento de estos acuerdos.

Si bien se reconoce que los predios fueron ocupados ilegalmente, los habitantes argumentan que también son víctimas del conflicto que los obligó a desplazarse. Las familias han construido sus vidas en estas veredas durante décadas, creando comunidades y arraigo al territorio.

La comunidad solicita al Estado que medie en el conflicto de manera imparcial y proactiva, buscando soluciones justas que protejan tanto los derechos de propiedad como la necesidad de vivienda digna de las familias afectadas. Se requiere un diálogo abierto y transparente que incluya a todas las partes involucradas para encontrar alternativas.

Las familias esperan con incertidumbre el fallo definitivo del juez, mientras viven bajo la amenaza constante del desalojo.

Esta situación en Urabá pone de relieve la compleja problemática de la restitución de tierras en Colombia, donde miles de familias se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir sus vidas tras el desplazamiento forzado.